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Las empresas Banco Santiago del Estero, Tarjeta Sol, Hamburgo, Edese, Casinos del Sol, Canal 7, FM Panorama, Hotel Carlos V, Hotel Coventry, fueron perseguidas por la intervención federal con el claro fin de apoderarse o destruir a un grupo empresario integrado por las familias Ick, Brunet, González y otras.

La intervención federal encabezada por Pablo Lanusse, Pablo Fontdevilla, Donato Spacavento y Luis Alem, montó un operativo mediático, administrativo y judicial tendiente a acorralar al grupo Ick para que vendiera sus empresas a precio vil.

Del operativo, sin antecedentes en la democracia argentina, participaron también socios locales como el Ing. Victorio Curi y el Dr. Antonio “Pocho” Castiglione, con la colaboración de Gustavo Yocca, Enrique Castiglione, Jorge Luis Feijoó, Julio César Castiglione, y otros. (ver tapas diario La Tarde 21/9/04, 3/12/04 y 22/3/05)

La clara evidencia del inconfesable fin último, quedó demostrada cuando personeros directos de los que idearon y participaron del plan, se presentaron en las oficinas del Banco Santiago del Estero y afirmaron ante altos directivos del grupo Ick, que todo podía solucionarse con el pago de catorce millones de dólares a un tal “Pablo”.

El objetivo no se logró, por la tenacidad y fortaleza de los integrantes del grupo Ick, las familias asociadas y los cuadros gerenciales, junto a los más de mil empleados que contra todos los pronósticos, continuaron brindando los servicios con la eficiencia habitual.

DIABÓLICO PLAN
El diabólico plan de la Intervención Federal y sus colaboradores locales tuvo cuatro ejes principales de acción: el Poder Ejecutivo provincial, el Superior Tribunal de Justicia, algunos medios de comunicación, y movilizaciones callejeras digitadas y alentadas públicamente por funcionarios federales.

Desde el Poder Ejecutivo se improvisaron denuncias sobre contratos y privatizaciones, que fueron revisados minuciosamente y con clara intencionalidad de obtener la detención de los integrantes del Grupo Ick. Una a una fueron siendo desestimadas, porque era obvio que se hacían denuncias con datos falsos, imaginados, presupuestos o simplemente aportados maliciosamente por personajes que pretenden, aún hoy, convertirse en beneficiarios de la destrucción de las empresas perseguidas.

El objetivo no era hacer justicia sino acorralar a los denunciados para que malvendieran sus empresas a otros grupos económicos.

No fue una casualidad que no se hayan revisado otros contratos y privatizaciones no menos importantes, pertenecientes a otros grupos empresarios, como Aguas de Santiago, Frigorífico 17 de Octubre, o diferimientos impositivos que se otorgaran a las empresas Maco, Paraíso, Albeca, etc. (Ver tapa diario La Tarde 25/2/05).

La intervención federal, violando abiertamente la Constitución de la Provincia, designó en comisión una justicia totalmente dependiente, en muchos casos con pésimos antecedentes. Un caso paradigmático fue la designación de la Dra. Ana María Careaga como miembro del Superior Tribunal de Justicia, destituída en la provincia de San Luis mediante juicio político, e inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público y con demandas penales en curso.

Nunca existió en Santiago del Estero una justicia tan dependiente del poder político como durante la gestión de Lanusse-Alem. A tal punto que, en el colmo de la intolerancia, destituyeron a dos jueces nombrados por ellos mismos, por el solo hecho de no haber dictado resoluciones en la forma que pretendía el STJ, quien a su vez recibía órdenes directas de Lanusse.

CRUZADA MEDIÁTICA
Algunos medios de comunicación, propiedad de los socios locales de la intervención y otros comprados con publicidad oficial, prepararon el terreno para el gran arrebato. Las “noticias” excluyentes durante muchos meses estaban referidas a la lucha “contra el poder económico” que pasó a constituir el declarado objetivo principal de los funcionarios federales. Todo lo malo que había pasado en la provincia, debían adjudicárselo al grupo económico Ick. (Ver tapa diario La Tarde 15/2/05).

El “atentado” contra un viejo avión sanitario de la provincia y la “desaparición” de una hermana de Lanusse fueron las fábulas más grotescas. Pero hubo otros hechos verdaderamente canallescos.

El escenario estaba montado, pero como el pueblo no salía a las calles a pedir la cabeza de los Ick, como pretendían los autores del plan, contrataron a grupos mercenarios para organizar movilizaciones callejeras, aprovechándose de las necesidades de la gente humilde. Allí comenzó el festival de entrega de bolsines con alimentos para garantizar la concurrencia a las movilizaciones y para intentar una pueblada que lógicamente nunca llegó.

Desde el Ministerio de Salud y Acción Social, su titular el Dr. Donato Spaccavento entregaba bolsines de alimentos a los punteros para repartirlos entre los manifestantes que eran contratados para insultar, injuriar y agredir a las empresas del grupo Ick.

LA ALIANZA SIGUE ACTUANDO
Las intervenciones pasan, pero los santiagueños quedan y los socios locales del plan para apoderarse de las empresas del grupo Ick, encabezados hoy por dos viejos conocidos como “Tuti” Curi y “Pocho” Castiglione, siguen actuando como desde hace más de cincuenta años. (ver tapa diario La Tarde 22/2/05).

Estamos hablando de un pequeño grupo de personas que siempre han regido o intentado regir los destinos de los santiagueños por más de cincuenta años, utilizando para ello a los gobiernos civiles y militares.

Tienen responsabilidades concretas directas e indirectas sobre los padecimientos de la sociedad santigueña. Lejos de estar ausentes de protagonismo han sido un factor de poder sumamente influyente tanto en el campo político como económico.

Esa alianza entre la Patria Contratista y la Patria Periodística fue socia política de casi todos los gobiernos de turno, ocupando cargos relevantes y organizando un oligopolio que lucró con todas las licitaciones de obras públicas provinciales. No es ajena al caudillismo local sino que ha sido la hacedora del mismo. (ver tapas diario La Tarde 27/12/04 y 14/4/05).

Ostentó el monopolio periodístico durante muchas décadas y lo usó para aplaudir a los regímenes militares y al caudillismo silenciando editorialmente y no dejando que se expresen las minorías opositoras a los gobiernos de turno.

Apoyó al juarismo y a los procesos militares desde la década de los años 50, luego propició el iturrismo y consagró luego a Mujica, imponiendo más tarde a Fernando Lobo. Calló y disimuló la corrupción judicial de la época donde sus abogados acumulaban honorarios millonarios.

Fue también cómplice de la AGE (“gerenciadora”) del IOSEP (obra social de los empleados públicos). Por las graves irregularidades cometidas en detrimento del Estado y sus empleados, los directivos de la AGE fueron imputados penalmente y luego sus causas quedaron “limpias” gracias a la justicia “independiente” de sus socios de la intervención federal Lanusse.

LA LUCHA POR EL PODER
No es al primera vez que la Patria Contratista y la Patria Periodística intentan desplazar a la competencia hasta eliminarla o apoderarse de sus empresas a precio vil.

Durante la anterior intervención federal de Juan Schiaretti, luego del estallido social del 16 de diciembre de 1993, que ocurrió bajo el gobierno Mujica-Lobo, totalmente dependiente de Curi-Castiglione, se intentó algo similar.

Cuenta el periodista Lalo Guzmán (ver revista La Columna noviembre de 1994) que: “El pasado lunes 14 y martes 15 de noviembre un grupo de 16 hombres provenientes de la Dirección General Impositiva (DGI) seccional Tucumán, irrumpieron en siete empresas y negocios de propiedad del abogado santiagueño Nestor Carlos Ick. El operativo no tendría ninguna particularidad, a no ser por el detalle de que el mismo se llevó a cabo en forma simultánea y sincronizada en cada una de las empresas”.

“...durante dos días, los hombres enviados desde la provincia de Tucumán revisaron en forma detallada papel por papel en los libros de todas las empresas en busca de algún tipo de irregularidad... ...No encontraron nada..”

Agrega el artículo de Guzmán que “ la operación de la DGI devela que el gobierno ha renunciado a los métodos concebidos por la democracia. Significa que de ahora en más, quienes no acepten las reglas de juego que ellos mismos han impuesto estarán expuestos al escarmiento que desde el poder se decida. La cárcel, el desamparo, o la marginación para quienes no piensen como ellos”.

Luego de estos tristes episodios el propio el propio jefe de “Los Intocables” de la DGI, Dr. Luis María Juan José Peña, confesó que se trataba de una maniobra elaborada pro Schiaretti con el beneplácito de sus entonces socios ocultos Curi-Castiglione.

El rotundo fracaso de dicha Intervención, que produjo un déficit de U$S 180.000.000 a la provincia, provocó el retorno del juarismo y la marginación de la Patria Periodística de las grandes decisiones políticas. Por tal razón, a partir de entonces intentaron por cualquier medio desestabilizar las instituciones, contando con la colaboración de algunos sectores eclesiales y minúsculos grupos políticos para apoderarse nuevamente de Santiago. (Ver tapa diario La Tarde 5/8/04)

El objetivo es claro: recuperar el poder político y económico que supieron atesorar. La lucha no es por la ética ni por la moral, mucho menos por la democracia y los derechos humanos, es por el poder.

Cada vez se hace más evidente el verdadero objetivo de la feroz persecución que se organizó desde la intervención federal, con los socios locales.

¿Habrá que pensar que este grupo diabólico estará planeando una próxima intervención a la provincia para lograr sus fines, que no han podido concretar a pesar de ostentar todo el poder?

 
 

© Grupo Ick 2005